VALÈNCIA. La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, liderada por el ‘popular’ José Antonio Rovira, resolvió hace apenas unos días una batería de puestos de libre designación entre los que se encontraba uno de especial relevancia: la subdirección general de Cultura. Tal y como quedó reflejado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del pasado 24 de abril, el puesto de libre designación pasará a ocuparlo Enrique Navarro Alejandro, condenado en una de las piezas del caso Gürtel.
Navarro, que fue jefe de gabinete de Alicia de Miguel, exconsellera de Bienestar Social durante el primer gobierno de Francisco Camps, fue condenado por la Audiencia Nacional en mayo de 2024 a tres años de "inhabilitación especial para empleo o cargo público que merezca la consideración de personal eventual porque implique funciones de confianza o asesoramiento especial", por cooperación necesaria en un delito de prevaricación istrativa. Fue una sentencia de conformidad en el último juicio en el que resultó absuelto Francisco Camps.
La sentencia supone que Navarro no puede desempeñar durante este periodo de tiempo puestos de carácter eventual en la Generalitat, como son los puestos de asesor o director de gabinete, aunque esta inhabilitación, "no afecta, en cambio, a su condición de funcionario de carrera, por la cual accede a su actual puesto", según han explicado desde la Conselleria de Educación y Cultura a preguntas de este diario.
La sentencia de Gürtel condenó a Navarro por cooperación necesaria en un delito de prevaricación istrativa. La compañía Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez -el Bigotes-, uno de los ejes centrales de la trama controlada por Francisco Correa, fue adjudicataria de numerosos contratos irregulares de diversos departamentos de la Generalitat Valenciana, entre ellos la Conselleria de Bienestar Social, que le encargó la organización de tres eventos. El fallo considera probado que el nuevo subdirector general de Cultura matuvo "una fluida relación" con los gestores de la compañía y que era "la persona que se encargaba de ejecutar los actos necesarios respecto de los diferentes órganos del departamento para llevar a cabo la efectividad de dichas contrataciones".
Navarro llegó a un acuerdo de conformidad y itió los hechos que se le imputaban: "Reconozco participación como cooperador necesario en un delito de prevaricación istrativa, pues fui la persona que ejecutó las decisiones adoptadas por la Consellera en relación con las contrataciones por ella decididas", trasladó a través de su defensa, tal como consta en la sentencia. Así, acusó a la exconsellera de haberle ordenado la tramitación urgente para la contratación de Orange Market y dijo que esta manera de proceder era "una manera de congraciarse" con el president entonces, Fransisco Camps. No obstante, la Audiencia Nacional acabó absolviendo tanto a Alicia de Miguel como a Camps por no haber pruebas de su intervención en las adjudicaciones.
La subdirección general de Cultura que ahora ocupará Navarro depende directamente del director general de Cultura, Miquel Nadal, y, entre otras misiones, tiene la de planificar, dirigir y coordinar la actividad de las unidades bajo su dependencia, como son la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu o los servicios de Libro y Bibliotecas, Archivos, Fomento de la Actividad Cultural y de Gestión Económica y Contratación Cultural.
El nombramiento ha tenido eco en los sectores culturales y en la oposición. Así, el portavoz adjunto del grupo socialista en Les Corts, José Chulvi, ha señalado que la designación de Navarro como subdirector general de Cultura es un “desprecio” a los valencianos. “Que la subdirección general de Cultura quede en manos de un condenado del caso Gürtel, persona sobre la que pesa una inhabilitación judicial y que forma parte del pasado más sucio de la política valenciana, es la prueba de que este es el PP de siempre. Muestra a la derecha de siempre haciendo política entre amigos y abusos que provoca un daño irreparable a los valencianos”. En este sentido, desde el PSPV se ha pedido la “dimisión inmediata” del conseller Rovira ante lo que considera un “menosprecio” a la cultura.
