Hemos vivido otra semana cargada de noticias, marcada por un fallo judicial que cuestiona la base legal de muchos de los aranceles impuestos desde que el presidente Trump regresó a la Casa Blanca. También vimos cómo el presidente amenazó a la Unión Europea con un arancel del 50%, aunque el hecho de que esa amenaza no durase ni 72 horas refuerza la idea de que este tipo de anuncios sirven más para presionar en las negociaciones que como medidas de política reales.
El Tribunal de Comercio Internacional de EEUU dictaminó que el presidente Trump “excedió su autoridad” al imponer aranceles sin la aprobación del Congreso. Esta sentencia afecta a los gravámenes impuestos el 2 de abril, incluido el arancel base del 10%, el arancel del 20% a China y otros aranceles “recíprocos” aplicados a numerosos países, que por ahora se encuentran en pausa hasta el 9 de julio. Esta decisión también pone en duda la base legal de las negociaciones en curso con EEUU, así como de los acuerdos ya alcanzados, como el firmado con el Reino Unido. Otros aranceles seguirán vigentes —aquellos que se aplicaron cumpliendo los procedimientos legales adecuados—, como los que afectan al acero, el aluminio, la automoción o los que se impusieron a China en 2018.
El recurso presentado por la istración estadounidense el pasado jueves prosperó: un tribunal superior ha dictaminado que los aranceles pueden mantenerse y que los derechos de aduana pueden seguir recaudándose mientras dure el proceso de apelación. La istración ha anunciado que pedirá al Tribunal Supremo una “intervención de emergencia” lo antes posible.
La Constitución de EEUU (Artículo I, Sección 8) otorga al Congreso la competencia exclusiva para establecer aranceles, pero la istración Trump se amparó en la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia de 1974 (IEEPA), que permite al presidente imponer aranceles si declara una emergencia nacional. Trump declaró dicha emergencia el 2 de abril, alegando que la actual estructura comercial supone una “amenaza inusual y extraordinaria” para la economía y la seguridad nacional de EEUU. Sin embargo, si el Gobierno no logra justificar el déficit comercial como una emergencia nacional, el proceso de imposición de aranceles podría retrasarse notablemente debido a investigaciones comerciales, informes y la necesaria aprobación del Congreso.
La pregunta inmediata es si esta resolución judicial supone un revés definitivo para los planes del presidente Trump o simplemente un obstáculo. Probablemente se trate de lo segundo. Incluso si los tribunales acaban dictaminando que la IEEPA no es un marco legal válido para imponer aranceles, existen otras vías que la istración podría utilizar para alcanzar sus objetivos. La Ley de Comercio de 1974, por ejemplo, contempla mecanismos para que el presidente imponga aranceles temporales con el fin de corregir “déficits graves y persistentes en la balanza de pagos de EEUU”. La Sección 122 de esta ley otorga poderes limitados para imponer aranceles de hasta el 15% durante un máximo de 150 días, antes de requerir autorización adicional del Congreso.
Los aranceles de la Sección 232, ya en vigor sobre el acero, el aluminio y los vehículos, siguen siendo una herramienta política válida. De hecho, está previsto que el presidente Trump aumente el arancel del 25% sobre el acero y el aluminio hasta el 50% a finales de esta semana. También se están realizando investigaciones en otros sectores como el farmacéutico y el aeroespacial bajo esta misma sección.
La Ley Arancelaria de 1930 faculta asimismo al presidente para imponer aranceles si las empresas estadounidenses sufren “discriminación injusta” por parte de una potencia extranjera. Estos aranceles pueden alcanzar un máximo del 50%. También se ha sugerido que podrían incluirse dentro del gran paquete fiscal que está tramitándose actualmente en el Congreso, lo que podría convertir el proceso en algo largo y complejo. Todo ello supone un escenario de incertidumbre persistente que continuará afectando a la toma de decisiones empresariales y a la inversión, prolongando así los vientos en contra para el crecimiento económico.
El presidente Trump también amenazó con imponer un arancel del 50% a las importaciones procedentes de la Unión Europea, pero la escalada y la posterior desescalada apenas tardaron 72 horas. La amenaza, que habría entrado en vigor el 1 de junio, desapareció en cuestión de días. Todo indica que se trató de una maniobra fruto de la frustración ante la lentitud de las negociaciones con la UE, más que de un compromiso firme de política comercial. Aun así, la advertencia logró centrar la atención de las autoridades europeas para avanzar en la siguiente fase de los diálogos. La reacción del mercado fue también bastante contenida pese a la magnitud de los aranceles anunciados, lo que refleja quizá el escepticismo con el que se reciben ya este tipo de anuncios.
Los mercados bursátiles siguen adoptando una visión optimista ante los aranceles, incluso antes de que surgieran dudas sobre su legalidad. Ahora nos enfrentamos a una incertidumbre aún mayor respecto al calendario de negociaciones o el alcance de lo que puede acordarse si el proceso judicial socava la mayoría de los aranceles actuales. La visión predominante, a pesar de la inseguridad legal, era que se alcanzarían acuerdos para reducir los aranceles hasta el nivel base del 10% para muchos de los principales socios comerciales de EEUU en las próximas semanas, antes de que finalice el plazo de 90 días para negociar a principios de julio. Sin embargo, ese calendario ya no es tan seguro. Los mercados financieros podrían encontrar algo de alivio si finalmente se retrasa la aplicación de aranceles, pero la firme apuesta de la istración Trump por esta herramienta como instrumento de política comercial sigue intacta, y la incertidumbre persistente seguirá perjudicando al crecimiento económico.
Anthony Willis es senior economist en Columbia Threadneedle Investments
