VALÈNCIA. La sombra alargada del 'Manhattan de Cullera' vuelve a proyectarse sobre el debate político del municipio. Quince años después de que se aprobara por primera vez el Programa de Actuación Integrada (PAI) Bega-Port, su hoja de ruta se encuentra, de nuevo, en entredicho.

En esta ocasión, el motivo es un escrito de siete alegaciones registrado por el grupo municipal de Compromís el pasado 14 de abril, en el que se cuestiona, desde distintos frentes legales, económicos y ambientales, la continuidad del polémico proyecto urbanístico.

El documento, firmado por la edil Estefanía Català, señala que la intención del gobierno municipal por reactivar 'el Manhattan' choca con el marco legal actual, el entorno ambiental y una lógica de interés general "que se ha visto desvirtuada en favor de los intereses privados". 

El origen del proyecto se remonta al año 2010, cuando la corporación municipal que lideraba el entonces alcalde del Partido Popular (PP), Ernesto Sanjuán, aprobó el PAI Bega-Port con el respaldo de su grupo y la abstención del PSPV. Desde el principio, el plan se presentó como una gran operación que transformaría el litoral sur de Cullera.

El PAI contemplaba 610.000 metros cuadrados de suelo urbanizable junto a la desembocadura del río Júcar, con previsión de levantar hasta 35 torres de 25 alturas, varios hoteles, un puerto pesquero y otro deportivo, un colegio de doble línea, grandes zonas verdes y más de un millar de viviendas de protección oficial. Aquella visión, nacida en plena resaca de la burbuja inmobiliaria, no tardó en toparse con la realidad.

Recorrido del PAI Bega-Port de Cullera hasta la actualidad

La crisis financiera de 2008 dejó sin financiación ni promotor al plan. En 2013, el propio Sanjuán anunciaba que el desarrollo quedaba en suspenso ante la imposibilidad de abordar unas obras valoradas en más de 90 millones de euros.

A partir de 2015, con el cambio político en el consistorio y la llegada del socialista Jordi Mayor a la alcaldía, se abrió una etapa de 'redifinición del proyecto' bajo premisas de sostenibilidad y racionalización del diseño urbanístico. Tres años más tarde, en 2018, el Ayuntamiento de Cullera llegó incluso a anular el convenio con el agente urbanizador.

Sin embargo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) forzó al consistorio a asumir la gestión directa del PAI. Desde entonces, su tramitación ha seguido un curso errático y lleno de obstáculos. El último impulso se produjo el pasado mes de febrero, cuando el pleno municipal aprobó en una sesión extraordinaria una adaptación del plan para ajustarlo a los nuevos parámetros urbanísticos.

La medida obtuvo el apoyo del PSPV, PP y Vox, con el único voto en contra de Compromís. La propuesta incluía una reducción del coste de urbanización de los 100 millones de euros estimados en unos 91, al mismo tiempo que abría un plazo de dos meses para que los propietarios decidieran si pagarían su parte en efectivo o cediendo suelo al ayuntamiento.

"Resucitar un modelo urbanístico"

Compromís considera que esa aprobación es un "intento de resucitar un modelo urbanístico agotado". En las siete alegaciones, a las que ha tenido Valencia Plaza, el grupo municipal advierte que buena parte del suelo sobre el que se proyecta el 'Manhattan' está afectado por el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), aprobado en 2008.

Este decreto, que ha sido refrendado por el propio TSJCV y por el Tribunal Supremo, clasifica gran parte del ámbito del PAI como suelo no urbanizable de protección litoral. Por tanto, según explica la coalición, esos terrenos deben conservar su uso rural o bien ser incorporados a la red de zonas verdes de Cullera.

A todo ello, se suma la caducidad del plan. La disposición transitoria del Pativel fija un plazo máximo de cinco años desde su aprobación para que se inicien las obras. Ese límite vencía en mayo de 2023, sin que se haya acreditado ningún "hecho imponderable" que justifique la interrupción del cómputo, como permitiría la norma. Para Compromís, este silencio istrativo refuerza la idea de que el proyecto ha vencido de forma legal.

El grupo municipal también apunta a la reciente normativa aprobada por la Generalitat Valenciana tras la Dana del 29 de octubre, que obliga a los municipios afectados a realizar estudios específicos de inundabilidad antes de iniciar cualquier actuación urbanística. Compromís sostiene que Cullera no ha cumplido esta exigencia y que avanzar la tramitación del PAI sin ese estudio podría condicionar todo el procedimiento.

Compromís apela a "un cambio de rumbo"

Más allá del marco jurídico, las alegaciones de la coalición también se refieren a cuestiones de gestión del plan. Según el texto, no existe un informe económico que justifique la viabilidad financiera del proyecto ni el cumplimiento de la Ley de Haciendas Locales, a pesar de que la responsabilidad recaiga sobre el propio ayuntamiento.

Las objeciones también alcanzan al plano técnico. El PAI de la Bega-Port, según denuncian desde Compromís, no incluye un proyecto completo de urbanización, ya que no contempla la conexión con la red eléctrica. Además, algunas de las infraestructuras necesarias se han excluido del cálculo de costes, lo que supondría que su financiación se cargase al presupuesto municipal.

El grupo municipal concluye su escrito apelando a un "cambio de rumbo". A su juicio, el plan no solo está caducado y "plagado de deficiencias legales", sino que responde a un urbanismo "obsoleto" e "incompatible con el contexto de crisis climática y las nuevas formas de pensar el territorio". 

Por ese motivo, reivindican un modelo menos especulativo, al mismo tiempo que reclaman "lucidez" y "responsabilidad" para no hipotecar el futuro de Cullera con lo que consideran un proyecto "de otro tiempo".

Al margen de todo ello, será el ayuntamiento quien deba valorar si responde a las alegaciones o insiste en avanzar. La decisión marcará el destino de un plan que lleva quince años sin materializarse, pero que define el pulso político y el horizonte urbanístico de Cullera.