VALÈNCIA. El demoledor informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta a una presunta trama de mordidas encabezadas por el ex asesor de Ábalos, Koldo García, y el ya ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que habrían intermediado para favorecer a determinadas empresas en la adjudicación de contratos públicos en toda España. Una red que se extendería a la Comunitat Valenciana, no solo con varios contratos en València o Elche, sino también a través de la vinculación con el empresario José Ruz.
Las pesquisas llevadas a cabo por los agentes señalan a Ruz por su relación con Koldo y el propio ministro de Transportes en ese momento, José Luis Ábalos, cuyas conversaciones, según la Guardia Civil, revelarían la intención de que la constructora Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) "fuera adjudicataria de distintas obras públicas". Ruz poseía el 20% de las participaciones de la compañía y habría participado "en el pago de posibles contraprestaciones" a ambos "valiéndose para ello de su entorno empresarial".
Una de las ramas de la investigación que sigue el Tribunal Supremo es, de esta manera, la constructora valenciana. Con un cuarto de siglo en el sector -se fundó en el año 2000 al calor del boyante negocio de la obra-, la firma tuvo un crecimiento progresivo durante la época de la burbuja inmobiliaria y los grandes proyectos llegando a facturar hasta 40 millones de euros anuales con beneficios de casi 4 millones en 2012. Su expansión internacional le llevó a conseguir contratos importantes mediante filiales en Panamá, Argelia y Armenia, que en 2022 suponían una quinta parte de la cartera total de proyectos de la compañía.
Los problemas de pago primero en Argelia y más tarde en Panamá, sumados a la crisis de inflación y de materiales obligó a la compañía a paralizar obras en marcha y a ceder actuaciones a otras empresas con las que se había asociado en UTE. Una situación que acabó provocando unas pérdidas de casi 40 millones en 2023, un "nivel pésimo de resultados", como reconoce la propia firma en sus cuentas.
El estado de insolvencia de la compañía provocó, entre otras cosas, el bloqueo de la financiación bancaria y de los proveedores, que llevó a paralizar todavía muchos más proyectos de obra en España y en el extranjero hasta el punto de que tuvo que presentar un concurso de acreedores voluntario en 2024. Los socios de las constructoras Cyes y Esyc acabaron haciéndose con los activos y pasivos de la firma tras pujar con una oferta de 20 millones de euros.
LIC en el 'caso Koldo'
Para entonces, la firma ya había aparecido vinculada en los medios de comunicación a la presunta trama de corrupción del empresario Víctor de Aldama, que declaró ante el Supremo que habría cobrado comisiones ilícitas de LIC. Aldama "habría ejercido de intermediario ante determinadas constructoras, para que éstas fueran adjudicatarias de obra pública", entre ellas la firma valenciana, según la Guardia Civil.
La compañía valenciana le pagó a través de otra sociedad 70.000 euros en 2019, que según Aldama, se habría hecho a cambio de intermediar en adjudicaciones del Ministerio de Transportes. Además, siempre según Aldama, la compañía "habría realizado obras en el Club de Natación de Sevilla en favor suyo como pago en especie".
A ello se suman otros pagos en efectivo de Ruz al empresario confesor. En 2019, habría recibido 50.000 euros pocos días antes de que se cerrara el plazo para presentar ofertas para la licitación de una obra en la autovía A-12 del Camino de Santiago, a la que LIC concurría en una UTE con Torrescamara y Ortiz Construcciones y Proyecto. Una vez el director general de Carreteras, Javier Herrero, informó a Koldo de que era la adjudicataria, al día siguiente, el 1 de noviembre, se habría efectuado un segundo pago de 20.000 euros a favor de Aldama procedentes de una compañía de Ruz.
Así, la compañía LIC participó en tres licitaciones que están bajo investigación. Una de ellas está radicada en Asturias, y en ella habría intercedido Koldo García para facilitar la adjudicación por parte de Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif. Se trata de unas obras de emergencia en la provincia norteña y el entonces asesor de Ábalos "insistió" a la responsable de la empres pública para que la firma obtuviera algún cóntrato. La presidenta de Adif llegó a decir que le acababan de "dar" 700.000 euros y que iba a "cantar, por lo que se comprometió a sopesar las opciones para poder alguna obra a la constructora" de Ruz, dice la Guardia Civil.
También hay otro contrato bajo lupa, tal como refleja el informe de la UCO. Entonces, enero de 2021, el director general de Carreteras advirtió a Koldó del resultado de ofertas económicas de dos licitaciones. "Centenario, acciona la más barata no temeraria; Teruel, marco+LIC", expuso. La Guardia Civil constató la adudicación del contrato, ascendente a 5,8 millones de euros, a la UTE formada por MARCO y LIC. La apertura de sobres se produjo "el día anterior" de la comunicación entre el director general y Koldo.
Asimismo, hay un tercer contrato, el de las obras de la autovía A-12 Camino de Santiago. En este caso, el director general también le habría enviado, en octubre de 2012, un documento a Koldo sobre la valoración de diversas empresas para dicha obra. En dicho expeidente, la UTE entre Torrescámara, Levantina y Ortiz Construciones obtuvo la puntuación más alta (95,22) tras haber sido número 14 en la puntuación económica y haber obtenido todos los puntos en la puntuación técnica. En este aso, dice la UCO, fue la Subdirectora General de Construcción la que realizó la valoración técnica.
"La apertura de las ofertas económicas se realizó el mismo día" que el director general de Carreteras le remitió a Koldo el mencionado documento, "resultando en última instancia adjudicataria la referida UTE en diciembre de 2019 por importe de más de 72,4 millones de euros, según el informe de la Guardia Civil.
