VALÈNCIA. Tras varios meses desde que se iniciara la investigación judicial sobre la Dana del pasado 29 de octubre, la causa se ha constatado 'macrocausa', como era de esperar. Con una cuarentena de acusaciones personadas, se ha empezado a debatir la posibilidad de que se aglutinen a raíz de la solicitud presentada por las defensas de los dos investigados, la exconsellera de Interior Salomé Pradas y el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso.

La jueza ha de decidir si accede a la petición, que cuenta con el visto bueno de la Fiscalía pero que, como es lógico, ya ha suscitado el rechazo frontal de diversas partes, que quieren evitarlo a toda costa conscientes de que supondría cierta merma en su capacidad y libertad de acción, y de que los intereses de sus representados pueden verse diluidos en un totum revolutum. Si bien es cierto que se pueden diferenciar las acusaciones particulares -que representan a familiares y perjudicados por la catástrofe- de las populares -partidos, asociaciones y entidades que (supuestamente) velan por el interés de la ciudadanía-.

En este sentido, y teniendo en cuenta el elevado grado de politización que impregnó desde bien pronto la catástrofe, el movimiento puede tener repercusiones más allá del propio procedimiento. No hay que olvidar que las acusaciones populares las conforman un variopinto crisol de actores: desde los partidos Podemos, Vox, Ciudadanos, PSPV y Compromís hasta los sindicatos CGT e Intersindical pasando por las asociaciones Liberum, Acció Cultural del País Valencià, Mai Més o la asociación agraria AVA. Cada uno con sus propias estrategias e intereses particulares, reflejados día tras día en la dirección de sus peticiones, preguntas y recursos.

La jueza podría plantear, para la acumulación de todas estas partes, un acuerdo previo entre ellas para elegir la dirección de la representación, algo que se antoja muy complicado a la vista de sus integrantes. De modo que, tal como han pedido las acusaciones y ha apoyado el Ministerio Fiscal, la otra opción sería que la que se encargara de liderar esta 'macroacusación' popular fuera la primera que se presentó. Y en este sentido, el partido Podemos, liderado en la Comunitat Valenciana por María Teresa Pérez, se llevaría el gato al agua.

Podemos y Vox fueron los primeros partidos que anunciaron que se personarían, si Podemos fue el único partido que formuló una denuncia, presentada por presunto delito de homicidio imprudente, y el primero en pagar la fianza de 6.000 euros. Aquello que desde el partido morado tanto insistieron en recalcar durante los albores de la investigación puede ahora acabar confiriéndoles el lugar destacado que supondría la aglutinación del resto de acusaciones populares en torno a la suya, y que obligaría a que todas ellas compartieran abogado y procurador.

La formación que encabeza Pérez en la Comunitat Valenciana ha tenido hasta ahora un papel activo en la solicitud de diligencias e interrogatorios y considera al Ejecutivo autonómico que dirige Carlos Mazón como el responsable directo de la tragedia humana aunque también ha instado a requerir documentación a la istración central. En este sentido, su estrategia puede verse reforzada si finalmente la jueza ordena que las partes actúen bajo una única dirección, algo a tener en cuenta para una formación que actualmente carece de representación en la gran mayoría de instituciones valenciana, especialmente en Les Corts Valencianes, epicentro de la actualidad autonómica.

Hay quien ve la aglutinación una decisión improbable pues la instructora decidió no hacerlo al principio de la causa, por lo que ahora, con las diligencias un poco más avanzadas, supondría un cambio notable en el desarrollo de la fase de instrucción. Los investigados, por su parte, lo ven necesario por varios motivos, entre ellos la economía procesal en una 'macrocausa' compleja y la evitación de dilaciones indebidas, pero también esgrimen el peligro que corre su derecho a la defensa, al acusar sus abogados el desequilibrio existente -dos defensas frente a una cuarentena de acusaciones- y las disfunciones que ello estaba generando en el procedimiento, como notificaciones tardías e interrogatorios interminables.

El Ministerio Fiscal defiende que el hecho de que dichas acusaciones "sean de naturaleza diversa no impide dicha unificación" porque supuestamente "todas ellas persiguen, sin duda, un único y mismo objetivo: la búsqueda de la verdad material". Y acude a jurisprudencia del Supremo para sostener que la acumulación "no parece un sacrificio excesivo, ni lesivo de ningún derecho fundamental" si "están comprometidos con esa labor de auxilio y colaboración ciudadana que representa la acción popular".

Por otro lado, ya hay acusaciones populares que han presentado escrito de oposición a las pretensiones de los investigados negando la mayor e insistiendo en que no se han registrado dilaciones indebidas. Recuerdan, además, que la acumulación no es obligatoria y que ha de estudiarse caso por caso porque puede suponer la vulneración del derecho de defensa. De hecho, no sólo iten las disconformidades entre las múltiples acusaciones populares sino que defienden esta circunstancia como motivo para mantenerlas separadas.