VALÈNCIA. El cobro de tasas en los centros de educación concertada de la Comunitat Valenciana es una "práctica generalizada" que "impide la accesibilidad" de todos los alumnos a este tipo de centros, lo que puede convertirse "en un factor importante de segregación escolar". Así lo señala el Síndic de Greuges, Ángel Luna, en una resolución publicada esta misma semana en la que reclama a la Conselleria de Educación una mayor inspección de oficio sobre esta materia. 

La actuación del Síndic ha sido llevada a cabo tras "múltiples quejas ciudadanas" que alertaban de la exigencia de pagos en centros concertados, según detalla la institución en un comunicado. Luna indica que esta práctica, si bien "no es un fenómeno nuevo", no debe ser "consentida cuando muchas veces se trata de cuotas presuntamente al margen de la legalidad". En este sentido, explica que este tipo de pagos se suelen abonar bien de manera "voluntaria" o bien por "actividades complementarias" al margen de la jornada escolar bajo la justificación de la necesidad de los centros de hacer frente a los gastos de mantenimiento de algunas instalaciones o servicios que consideran "que no están plenamente financiados por las istraciones".

"Brecha socioeconómica" entre centros públicos y concertados

No obstante, el Síndic remarca que "existe una práctica extendida" de cobro de unas cuotas a las familias que se "abonan sin que, en muchas ocasiones, exista voluntariedad en el pago". Una cuestión que vulnera el principio de gratuidad de la enseñanza básica y que podría suponer una "brecha socioeconómica" entre escuelas públicas y concertadas. En esta línea, Luna se apoya en un informe de Save the Children publicado en septiembre de 2024 del que se desprende que casi un 21% de la segregación escolar se explica por la "desigual composición económica" entre ambos tipos de centros educativos.

A fin de estudiar esta situación con mayor detenimiento, el Síndic reclamó hace unos meses a la Conselleria de Educación un informe sobre cuestiones como el número de centros educativos y alumnado que compone la educación concertada, las denuncias por vulneración del derecho a la gratuidad en los últimos cuatro cursos académicos, las actuaciones llevadas a cabo por la istración autonómica para garantizar la gratuidad y los requisitos que se deben cumplir para que un centro concertado reciba autorización para el cobro de cuotas por actividades extraescolares u otros servicios. 

Tras la recepción de este documento y su posterior análisis, al Síndic le "llama la atención" el "nivel tan bajo de intervención en la materia" por parte de la istración educativa y reclama a la Conselleria de Educación que adopte todas las medidas necesarias "para garantizar de manera real y efectiva" tanto la gratuidad de la enseñanza obligatoria como la posibilidad de que todo el alumnado sea escolarizado "sin discriminación por motivos socioeconómicos". Además, remarca la necesidad de que esta cuestión sea "supervisada de forma activa" por parte de Inspección educativa. 

Por ello, recomienda que el departamento que encabeza José Antonio Rovira "intervenga" en los casos en los que se detecten prácticas que vulneren los principios del sistema del concierto educativo y que se adopten "estrategias" para evitar la "segregación" derivada del cobro de estas cuotas. También ve necesario que exista una mayor "transparencia" por parte de "todos los actores implicados" en todos los aspectos relacionados con el cobro de las cuotas, la autorización de las mismas por parte de la Conselleria y la acreditación por parte de los centros educativas. Tras esta resolución, es ahora el turno para que la Conselleria de Educación envíe al Síndic de Greuges en el plazo de un mes un informe para manifestar si aceptan las consideraciones planteadas. En caso afirmativo, deberá indicar las medidas que tomará para cumplirlas; de lo contrario, deberá justificar su decisión al respecto.

16 denuncias contabilizadas por la Conselleria desde 2020

No obstante, desde la Conselleria de Educación trasladan al Síndic un escenario distinto al planteado sobre una red de educación concertada que aglutina a más de 152.000 alumnos repartidos en 375 centros de la Comunitat Valenciana. Según el informe trasladado por los Servicios de Inspección Educativa al Síndic, se han contabilizado un total de 16 reclamaciones o denuncias en los últimos cuatro cursos por posibles vulneraciones de la gratuidad de la enseñanza, distribuidas de la siguiente manera: ocho en Valencia, ocho en Alicante, y ninguna en Castellón.

Una cuestión que sorprende a Luna, al mismo tiempo que le "llama la atención" el "nivel tan bajo" de intervención en la materia por parte de la istración educativa. En este sentido, para el síndic "resulta llamativo el bajo número de denuncias registradas oficialmente, pese a la magnitud del problema" y cree que esta situación se debe a "una falta de fiscalización de oficio" por parte de la istración. "En definitiva, consideramos que el derecho a la educación debe entenderse como el derecho de todo el alumnado a aprender, al margen de la situación socioeconómica de su familia. La gratuidad en la educación es fundamental para promover la igualdad de oportunidades, la inclusión social y el a una educación de calidad, especialmente, entre los colectivos en situación de vulnerabilidad económica", defiende el Síndic en la resolución. 

'Recado' al distrito único y respuesta de Educación

Por otro lado, Luna también considera que las problemáticas expuestas pueden "agravarse" en el nuevo proceso de isión del alumnado en base a la Ley de Libertad Educativa, que se regresa al "paraguas del distrito único y de la libertad de elección de centro docente". Una cuestión que, para el Síndic, "puede dar como resultado la concentración de alumnos en situación de desigualdad por motivos económicos por ser condición necesaria el abono de cuotas". 

Respecto a ello, la Conselleria de Educación se pronuncia de manera crítica en el informe enviado al Síndic, en el que asegura que la normativa que regula el proceso de isión contempla como "prioridades" aquellas cuestiones que dan apoyo a las familias con "mayor vulnerabilidad" e indica que el nuevo texto impulsado por el actual Consell "aumenta significativamente el grado de apoyo y reconocimiento de las circunstancias particulares del alumnado en riesgo de exclusión" frente al anterior.

Desde la Dirección General de Centros Docentes también responden al Síndic con que no tienen constancia de que "sea condición necesaria el abono de cuotas" en los centros concertados. En esta línea, aseguran que no cuentan "con un número significativo de registros" que aludan al escenario descrito por Luna, con lo que deducen que "o bien los centros no obligan a las familias a realizar aportaciones, o bien las familias realizan aportaciones voluntarias".

Otras "problemáticas" sobre la concertada con quejas al Síndic

Por otro lado, Luna asegura en la resolución que han llegado a la institución quejas sobre "varias problemáticas" en la educación concretada. Entre ellas, cuestiones relacionadas con los procesos de isión del alumnado, la selección del personal que presta servicios en los centros concertados (profesorado y personal de istración y servicios) y cuestiones que afectan a su autonomía escolar (evaluaciones y aplicación de las normas disciplinarias). Una serie de temáticas que, "aun siendo importantes", no han sido abordadas durante este proceso al quedar limitado a analizar el derecho a la gratuidad de la enseñanza obligatoria.