VALÈNCIA. Falta apenas una semana para que se abra el proceso por el que las familias de la Comunitat elegirán entre valenciano o castellano la lengua base para la enseñanza de sus hijos a partir del próximo curso escolar. Un proceso no exento de polémica al que parte de la comunidad educativa ha mostrado su rechazo por diferentes vías.

La consulta de la lengua, prevista en la Ley de Libertad Educativa, se producirá entre el 25 de febrero y el 4 de marzo. Siete días en los que alrededor de 570.000 familias valencianas elegirán entre valenciano y castellano en un proceso con algunas diferencias según si se realiza en una zona valencianohablante o castellanohablante. El resultado de este proceso determinará el número de unidades con lengua base valenciana y castellana que habrá en cada curso y centro educativo durante el curso 2025/2026. 

El conseller de Educación, José Antonio Rovira defendió durante la presentación de la campaña sobre la consulta que este proceso da “la libertad de elegir” a las familias. En este sentido, aseguró que el departamento que dirige “pone las dos lenguas al mismo nivel” y no realiza “campaña” por ninguna de ellas: “Entendemos que son las familias las que tienen que decidir”. 

En cualquier caso, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha recibido un total de tres recursos, presentados por Acció Cultural, UGT y Compromís, sobre la Orden por la que se establece la consulta con la intención de paralizarla. Una oposición a las políticas del Consell a la que se suma las manifestaciones convocadas por la Plataforma per l’Ensenyament Públic en las tres capitales de provincia para el próximo sábado. 

La primera entidad en mover ficha judicial contra este proceso fue Acció Cultural, que, junto con Famílies pel Valencià y un grupo de familias del barrio valenciano de Russafa, pidió al TSJCV la paralización cautelar del proceso. Un recurso fundamentado en que la Ley de Libertad Educativa se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional, por lo que consideraban “necesario evitar que se tomen decisiones irreversibles” en base a “una norma cuya constitucionalidad está pendiente de resolución”. 

Desde el alto tribunal valenciano desestimaron el pasado jueves la petición cautelarísima, es decir, sin escuchar los argumentos de los demandantes. No obstante, pidieron al Consell alegaciones sobre este recurso y le dio un plazo de cuatro días para este cometido. Desde la Conselleria de Educación aseguran que se tiene previsto dar respuesta a través de la Abogacía de la Generalitat. 

El sindicato UGT interponía el pasado viernes otro recurso ante el TSJCV para anular la consulta. Desde la formación sindical consideran que este proceso “vulnera la autonomía” de centros educativos, claustros de profesorado y consejos escolares donde ya se encuentran representadas las familias. “Supone una vulneración de los derechos lingüísticos de los valencianohablantes, puesto que sitúa el valenciano en una posición de inferioridad respecto al castellano”, denuncian desde la organización. 

A estos dos recursos se sumaba este mismo lunes el impulsado por Compromís. Firmado por representantes de la coalición con hijos en edad escolar, pide medidas cautelarísimas y cautelares ante la Orden que, a su juicio, convoca un “referéndum sin ninguna base pedagógica, que solo aspira a crear crispación y marginar el valenciano en las aulas”. 

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, y el portavoz de Educación en Les Corts, Gerard Fullana, insistieron en que la norma “no asegura” que los estudiantes aprenden en la lengua elegida por sus padres en las zonas valencianohablantes, mientras que en las de dominio castellano “está directamente prohibido aprender en valenciano”. Además, consideraron que el proceso llega “demasiado tarde”, lo que generará “caos burocrático en los centros” y “colapsará el proceso de isión y matriculación”. 

Los representantes de la formación se mostraron “convencidos” de que la consulta de la lengua “es una cortina de humo para intentar desviar la atención de las negligencias de Mazón y el conseller de Educación por la Dana”. Además, criticaron que el proceso de votación sea únicamente telemático excepto en situaciones excepcionales, así como que la Orden carezca de memoria económica a pesar de que el conseller de Educación aseguró que "al final del proceso habrá que crear más grupos".

Un rechazo mostrado por la vía judicial al que se suma la movilización de Plataforma per l’Ensenyament para el próximo día 22 en las ciudades de Valencia, Alicante y Castellón. La entidad rechaza la consulta al considerar que “amenaza el modelo de escuela en valenciano y pone en riesgo el uso del valenciano como lengua vehicular”. “No garantiza el derecho del alumnado a poder estudiar en valenciano”, insisten desde la organización. La manifestación llegará a las capitales de provincia de la Comunitat apenas tres días antes de la apertura del plazo de votaciones. 

Desde el departamento que dirige José Antonio Rovira evitan pronunciarse sobre los recursos presentados y las movilizaciones convocadas. En esta línea, defienden que la Conselleria de Educación “es neutral en todo el proceso y anima a la participación de las familias en total libertad”. “Que cada uno vote la opción que considere”, añaden.

En cualquier caso, el rechazo también llega desde centros educativos concretos. Por ejemplo, las familias de la Escuela Infantil Apóstol Santiago de València emitieron el pasado viernes un comunicado mostrando su “oposición” al proceso en base a cuestiones como que “la votación no garantiza una verdadera libertad de elección” y tiene “un impacto negativo en el alumnado con necesidades educativas especiales”. 

Las familias de este centro consideraron en el citado manifiesto al que ha tenido Plaza que este proceso “no promueve la igualdad y la inclusión, sino la segregación”. Además, recordaron que la reorganización de los centros tras la consulta “generará estrés” en los profesionales de la educación, así como en las propias familias.  “Pedimos que se anule la votación ya que, lejos de suponer una solución, genera división y problemas”,  reclamaban las familias de esta escuela. 

A pesar de estos movimientos de algunas familias y organizaciones sociales, sindicales y políticas, el proceso sigue adelante y se prevé que dé comienzo el próximo martes. Desde el Ejecutivo autonómico invitan a participar en una consulta que determinará el futuro próximo de la educación valenciana. “Frente a la imposición, recuperamos la convivencia y el equilibrio", aseguró el president de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la presentación de la campaña.