VALENCIA (EP/VP). La subdirección general de Atención al Ciudadano, Calidad e Inspección de Servicios ha emitido un informe definitivo sobre la denuncia presentada por el presidente de la Junta de Personal de los Servicios Centrales de la istración, sobre supuestas irregularidades en determinados aspectos de la gestión de las encomiendas encargadas por la Conselleria de Medio Ambiente a Vaersa, en la que insta a la conselleria a "corregir y revisar" estos encargos para que los trabajadores de la empresa pública no desarrollen tareas de funcionarios de la propia conselleria.
El portavoz adjunto de EUPV en las Corts, Ignacio Blanco, ha dado a conocer el informe que ite la existencia de irregularidades "masivas" en las encomiendas de gestión a Vaersa de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. En el comunicado, EUPV indica que ha habido "suplantación de personal" funcionario por trabajadores de Vaersa en la conselleria. El informe, sin embargo, "rechaza la exigencia de responsabilidades disciplinarias por no apreciarse la concurrencia del requisito de culpabilidad en conductas individuales".
El órgano de la Conselleria de Hacienda y istración Pública insta a la conselleria a seguir las recomendaciones de la Viceintervención General para "impedir que la prestación de los servicios encomendados a Vaersa pueda suponer o aparentar cesión ilegal de mano de obra".
El informe de la Subdirección General de Atención al Ciudadano, Calidad e Inspección de Servicios tiene su origen en una denuncia presentada por la Junta de Personal de Servicios Centrales de la istración de la Generalitat el 26 de septiembre de 2012 sobre la utilización por parte de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de trabajadores de la sociedad mercantil pública Vaersa para prestar funciones propias del personal funcionario, lo que distintas sentencias judiciales han considerado cesión ilegal de trabajadores.
"NUMEROSAS EVIDENCIAS DE INCUMPLIMIENTO"
Tanto la denuncia sindical como el informe de la Inspección asumen el contenido del informe de fiscalización de la Viceintervención General de Control Financiero, que el 14 de septiembre de 2012 analizó las encomiendas de gestión suscritas por la Conselleria y Vaersa, en el que concluyeron que existen "numerosas evidencias de incumplimiento de la ley", que además generan un "importe perjuicio económico para la istración al incrementar el gasto un 26,5 por ciento".
Concretamente, el informe recoge que en las direcciones generales que tienen encomiendas de gestión sólo el 21 por ciento del personal es funcionario y el 79 por ciento restante procede de Vaersa, "la mayoría seleccionado sin atender a principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad".
Según el informe de la Inspección de Servicios, la conselleria es "consciente de lo inadecuado del sistema actual", aunque entiende que su justificación deriva del "incremento de la carga de trabajo, el aumento de su complejidad a lo largo de los últimos años y la carencia de personal funcionario propio para su desempeño".
Además, el informe definitivo justifica que este tipo de encomiendas "sobre las que se deben emprender medidas de urgencia" se debe a que "muchas de ellas fueron fruto de prácticas de años anteriores, erróneamente consideradas legales".
La Subsecretaría de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente ha solicitado a la Dirección General de Recursos Humanos y a la Dirección de Presupuestos -ambas de la Conselleria de Hacienda y istración Pública- un incremento de estos de trabajo y su correspondiente dotación presupuestaria.
INCREMENTO DE PLANTILLA
El diputado de EUPV va a exigir al Consell que ese incremento de plantilla sea "efectivo y suficiente" para cubrir las necesidades reales de la conselleria con respeto a los procedimientos legales de y provisión.
Para Blanco, tanto la viceintervención como la Inspección de Servicios reconocen la "gravedad del problema, pero falta que el Consell actúe en consecuencia". El diputado cree que la solución "no puede ser maquillar los casos de cesión ilegal de trabajadores", como parece sugerirse con algunas recomendaciones, "sino acabar totalmente con una práctica ilegal y políticamente inisible".
Blanco considera que "no se trata de blanquear el fraude, sino de combatirlo". El diputado ha avisado de que "a día de hoy ya existen indicios de que puede haber personal de Vaersa y de otras empresas integrado en las oficinas de la Ciutat istrativa 9 d'Octubre".
