VALÈNCIA. Luces y sombras en la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica impulsada por el Ministerio de Industria y Turismo. De las mejoras en gobernanza a la falta de personalización en los requisitos para recibir ayudas en los diferentes sectores, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha analizado esta nueva norma, que busca actualizar el marco normativo industrial tras más de cuarenta años de vigencia de la ley actual.  

Actualmente en fase de enmiendas en el Congreso de los Diputados, la nueva normativa llega en un contexto donde situaciones como la guerra de Ucrania o los vaivenes en las decisiones del presidente de EEUU, Donald Trump, han generado un halo de inseguridad que requiere de una industria sólida y competitiva. El experto de la entidad y la Universidad Complutense de Madrid Diego Rodríguez ha examinado el articulado, donde valora esta norma confeccionada al calor de la preocupación por la pérdida de competitividad de la industria europea. 

Apoyo a la competitividad pero con letra pequeña

La nueva norma marca una objetivos como impulsar la competitividad, fomentar la innovación, reducir dependencias externas, apoyar la transición energética y digital, y promover el desarrollo de capacidades industriales estratégicas. Esta batería de propósitos cobra especial relevancia ante la creciente inquietud por la pérdida de peso del sector industrial en el PIB nacional y el debilitamiento relativo de la industria europea en el tablero global.

Uno de los elementos que más atención ha despertado es la introducción del objetivo de crear una “base industrial estratégica” que pueda abastecer al país de recursos esenciales en situaciones excepcionales. Esta idea se traduce en la creación de la Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial (RECAPI), concebida como un mecanismo para garantizar suministros críticos en tiempos de crisis, en coordinación con los operadores industriales. Se prevé que esté gestionada por un nuevo organismo, el Centro de Coordinación y Promoción de la Industria Estratégica (CECOPIE).

Sin embargo, el entusiasmo que podría generar esta apuesta estratégica se ve matizado por una regulación rígida en el ámbito de las ayudas públicas. La norma establece que aquellas empresas que, en cinco años, reciban subvenciones superiores a 3 millones de euros —a nivel de grupo empresarial— deberán mantener su actividad productiva en España durante un periodo mínimo (dos años para pymes, cinco para grandes empresas). El incumplimiento de esta obligación, definido de manera genérica como una reducción de la producción superior al 65% o de más de 500 empleados, podría dar lugar a la devolución de las ayudas.

Esta disposición ha sido criticada por su escasa flexibilidad y falta de adecuación a la diversidad del tejido empresarial. Según varios informes, incluidos los del Consejo Económico y Social y la CNMC, se trata de una medida imprecisa que podría generar inseguridad jurídica e incluso desincentivar la inversión. La fijación de umbrales absolutos, como el de los 500 empleados, ignora la realidad de la pequeña y mediana empresa española y podría beneficiar solo a grandes corporaciones con más margen para absorber estos requisitos.

Planes de reindustrialización

El PLIAE también introduce un mecanismo novedoso para anticiparse a procesos de desindustrialización mediante los llamados Planes de Reindustrialización. Si una empresa prevé una reducción significativa de su actividad (bajo criterios similares: 65% de producción o 500 empleos), deberá comunicarlo con nueve meses de antelación. Durante ese plazo, la istración podrá activar una Mesa de Reindustrialización, un foro para negociar alternativas, buscar nuevos inversores o incluso plantear ayudas públicas que permitan evitar el cierre.

Aunque bienintencionada, esta medida plantea dudas sobre su viabilidad práctica. Obligar a las empresas a contratar servicios técnicos independientes y mantener la actividad en suspenso durante meses podría aumentar sus cargas financieras sin garantizar soluciones efectivas. De hecho, la carga recae principalmente sobre el sector privado, mientras que la istración no asume obligaciones equivalentes.

Certificaciones voluntarias que no reducen la burocracia

Otro aspecto relevante de la nueva ley es la creación de mecanismos de certificación voluntaria tanto para acreditar el impacto económico, social y medioambiental de las inversiones como para evaluar la solvencia empresarial (ratings industriales). Aunque en teoría se trata de instrumentos para facilitar la concesión de ayudas y la selección en concursos públicos, podrían derivar en nuevas barreras istrativas, justo cuando desde Bruselas se insta a reducir las cargas regulatorias que sufren las empresas.

Organismos internacionales y el propio Gobierno español han advertido sobre el exceso de burocracia como uno de los principales frenos al crecimiento empresarial. A este respecto, el PLIAE parece contradecir su propio objetivo de simplificación istrativa, al añadir trámites sin asegurar beneficios tangibles.

Estructura de gobernanza ambiciosa pero poco definida

Uno de los puntos más novedosos del PLIAE es la estructura de gobernanza que introduce. La ley plantea la creación de una Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica, de carácter plurianual, que se traducirá en un Plan Estatal con medidas concretas y en una batería de programas de acción específicos.

Esta estrategia será elaborada por el Ministerio de Industria, aprobada en Consejo de Ministros y actualizada cada seis años, mientras que el Plan Estatal tendrá una vigencia de tres años. En teoría, este entramado permitirá una mejor articulación entre las diferentes políticas industriales, reforzando la coordinación entre niveles de gobierno y facilitando una mayor orientación estratégica del gasto público.

Además, se crean nuevos órganos como el Consejo Estatal de Política Industrial, la Conferencia Sectorial de Industria y Pyme y el Foro de Alto Nivel de la Industria Española, con el objetivo de canalizar las relaciones entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y los agentes sociales y económicos. Sin embargo, el grado de operatividad real de esta arquitectura institucional dependerá de desarrollos reglamentarios posteriores, todavía por concretar, y de si se cuenta con recursos humanos y técnicos suficientes para poner en marcha este ambicioso entramado.

Un avance pero, ¿excesos regulatorios?

En líneas generales, el PLIAE supone un avance sustancial respecto a la legislación anterior. Introduce una visión moderna de la política industrial, acorde a los retos del siglo XXI: digitalización, transición energética, autonomía estratégica y resiliencia. Asimismo, dota al país de instrumentos que podrían ser útiles ante futuras crisis como las vividas durante la pandemia o la guerra en Ucrania.

Sin embargo, su ambición choca con una ejecución normativa aún incompleta y con ciertos excesos regulatorios que podrían dificultar su implementación. La vaguedad en algunos aspectos estratégicos, la rigidez en la normativa de ayudas y la carga que podría recaer sobre las empresas en lugar de la istración son elementos que deben ser revisados o ajustados en la tramitación parlamentaria.

Además, la efectividad de esta ley dependerá en gran medida de los desarrollos reglamentarios posteriores, de la dotación presupuestaria asignada, y de la voluntad política para coordinar eficazmente a los diferentes niveles de gobierno y actores económicos.