MADRID (EP). El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS) ha ofrecido al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, declarar voluntariamente a las 10.00 horas del 25 de junio, tras hallar "consistentes indicios" sobre su presunta participación, junto al ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García, en la adjudicación ilegal de obras a cambio de comisiones, por lo que ha apuntado a presuntos delitos de integración en organización criminal y cohecho.

El magistrado Lepoldo Puente le ofrece declarar de forma voluntaria dada la condición de aforado de Cerdán por ser miembro del Congreso de los Diputados. Se trata de un paso previo a iniciar los trámites en el TS para solicitar formalmente el suplicatorio a la Cámara Baja para poder investigar al 'número tres' del PSOE. Por ello, le indica que acuda acompañado de abogado. Un día antes ha citado a Ábalos y a Koldo para volver a interrogarles.

El alto tribunal ha dado este paso al mismo tiempo que ha levantado el secreto de la pieza separada que abrió tras recibir el pasado 5 de junio un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil donde Cerdán aparece mencionado numerosas veces, incluido en el marco de una conversación que reflejaría su implicación en el cobro de mordidas, según avanzó anoche la 'Cadena SER' y ha podido confirmar en fuentes del caso Europa Press.

Puente explica que el citado informe contiene "referencias a extremos concretos, relativos en particular a la aparentemente indebida adjudicación de determinadas obras públicas", que constituyen "nuevos hechos eventualmente delictivos, estrechamente vinculados con los que dieron origen a la formación de la presente causa", de ahí que quiera interrogar tanto a Cerdán como a Ábalos y Koldo.

Del secretario de Organización del PSOE dice que hay "consistentes indicios" de su "posible participación", "actuando en connivencia con aquéllos, en la mencionada adjudicación indebida y a cambio de precio de las referidas obras públicas".

Fue el pasado martes cuando la UCO, por orden de Puente, registró la casa de Ábalos en Valencia y varias empresas con sede en Granada, Valencia, Vizcaya y Navarra, en el marco de esta pieza separada.

El Supremo actuó a raíz del informe de la UCO, que recoge unas grabaciones halladas en el móvil de Koldo en las que, según el auto dictado entonces, Ábalos reconocería haber recibido un "beneficio económico" a cambio de adjudicaciones de obra pública.

Además del domicilio de Ábalos, la Guardia Civil también registró Serbinavar 2000 SL, sociedad istrada por Antxon Alonso, que, según otro informe de la UCO, transfirió entre los años 2017 y 2018 a una cuenta titulada por Koldo y su ex mujer.