Plaza Inmobiliaria

La Sareb cede 305 viviendas a afectados por la Dana: 180 entregadas y otras 125 en ejecución

La sociedad destina 4,4 millones a la adecuación de los inmuebles

  • Demolición de viviendas en Chiva tras la Dana
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VALÈNCIA. 305 viviendas. Ese es el número total de inmuebles que la Sareb ha cedido a afectados de la Dana del pasado 29 de octubre en Valencia, del total de su cartera de cerca de 6.600 unidades en tierras valencianas. Se trata de activos que se encontraban en buen estado para su puesta a disposición para las familias y que, además, se ubicaban en los municipios golpeados por la riada o que estuvieran próximos. Eso sí, por el momento, la entidad, que se encuentra en pleno proceso de traspaso de su porfolio a la nueva entidad pública de vivienda estatal Sepes, ha entregado 180 unidades, mientras que otras 125 se encuentran en ejecución.

"Las viviendas se seleccionaron después de un trabajo bastante intenso con la Generalitat Valenciana de todo el catálogo que tenemos en esas zonas afectadas", explicó el director de gestión de vivienda social y asequible y relaciones institucionales en esta entidad, Pau Pérez Acha, tras participar esta semana en el IX Congreso AIRE 2025, en el que impartió una charla sobre gestión de vivienda social y asequible. En este sentido, detalló que la compañía dispone de más activos pero en otros puntos como Gandia o Castellón, en donde poco sentido tenían los realojos. Además, señaló que con el número de unidades ofrecidas se cubre con la demanda que tanto la Generalitat Valenciana como los ayuntamientos les trasladaron sobre la necesidad habitacional para los afectados.

De hecho, la selección de las familias beneficiarias se ha llevado bajo los criterios de la istración valenciana que ha creado junto al Gobierno central un grupo de trabajo. Los contratos de alquiler son gratuitos durante 12 meses, con posibilidad de prórroga por otros seis meses. Una vigencia que ha marcado la Generalitat Valenciana, a través de la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha), que es la que ha liderado las reubicaciones y trabajos de adecuación de los inmuebles del parque público valenciano. 

Las primeras unidades entregadas, situadas en Utiel y Algemesí, se cerraron a finales de 2024 y, a partir de ahí, se han ido firmando contratos. "Nos costó arrancar al principio, pero ahora hemos cogido mucha velocidad", itió el directivo. Son cerca de 1.000 personas las que se están beneficiando de este programa, que sigue vivo tanto a nivel de altas como de bajas de aquellos vecinos que poco a poco van recuperan sus hogares.

"Hemos cedido y puesto a disposición todo lo que tenemos. Cierto es que algunas viviendas las hemos tenido que descartar porque estaban en un estado ruinoso o tenían estructuras inacabadas", puntualizó para remarcar que, en caso de que se necesite más oferta en otros puntos para dar una solución habitacional a más familias, lo harán. "Si la Generalitat nos pide inmuebles en otras zonas, los pondremos a su disposición", subrayó Pérez.

El directivo de la Sareb destacó que, por primera vez, la entidad ha entregado inmuebles totalmente amueblados y dados de alta en suministros como agua y luz, procesos que nunca realizan en el resto de alquileres sociales que gestionan. Para ello, se llegó a un acuerdo con Ikea, que ha sido el que ha facilitado el equipamiento de los pisos.

Distribución de los inmuebles 

En concreto, las viviendas están repartidas en 26 municipios, entre los que se incluye la ciudad de València. EL grueso se ubican en Paterna, 25; mientras que otras 22 están en Alfafar; 19 en Manises; 15 en Utiel; 13 en València y Vinalesa; 12 en Picassent, 11 en Algemesí y 9 en l'Alcudia y Carlet.

También, se han cedido otras 7 en Riba-roja; 6 en Montserrat, Yàtova, Alberic y Rafelbunyol; 5 en Alginet; otras 4 unidades en Albalat de la Ribera y Alcasser; 2 en Alzira, Albuixech, Vilamarxant y Burjassot; y una unidad en Silla, Godelleta y Paiporta.

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Por otro lado, Pérez de Acha detalló durante su ponencia cómo Sareb puso en marcha un programa de alquiler social y asequible en 2022, cuando el Estado (a través del FROB) se hizo con la mayoría pública de la compañía y enriqueció su mandato con los principios de sostenibilidad y utilidad social.

Dos años y medio después, la compañía ya cuenta con más de 9.300 alquileres sociales que han sido aprobados al acreditarse la vulnerabilidad de las familias que residían en viviendas propiedad de la compañía tras realizar más de 14.000 exámenes de vulnerabilidad. Asimismo, explicó que en 2024 esta sociedad pública vendió 10.000 viviendas.

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