VALÈNCIA. El urbanismo ha cobrado un gran protagonismo en este momento, no solo por los cambios sociales, sino que la tragedia de la Dana en Valencia ha evidenciado las carencias del modelo y la necesidad de reorientar estrategias, especialmente en materia medioambiental. También, el problema de la vivienda, la irrupción de nuevas fórmulas alojativas y el crecimientos poblacional en las grandes urbes están acelerando una transformación en la que el planeamiento tiene mucho que decir. "El urbanismo ahora mismo no está preparado para el cambio climático", remarca Salma Cantos, abogada especializada en derecho urbanístico. "El 80% de los planes generales en más de 8.000 municipios de España no han sido evaluados ambientalmente nunca", advierte.

Licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y de la istración por la Universitat de València, Salma Cantos desarrolló su carrera durante más de una década en Broseta Abogados como especialista en Derecho istrativo y Urbanismo. En 2016, abrió su propio despacho Salma Cantos-Derecho Público, ubicado en València, y especializado en áreas como Derecho istrativo, Urbanismo y Medio Ambiente, con servicios tanto para el sector privado como el público. Además, este año 2025 fue reconocida en el ranking 'Best Lawyers Spain' como ‘Abogada del año 2025’ en la categoría de Derecho Urbanístico. 

Como experta en la materia, Cantos es consciente de uno de los grandes problemas urbanísticos en España: los largos tiempos istrativos tanto para la aprobación de planes como para su revisión o modificación. Por ello, ve necesario agilizar y facilitar los procesos, pero sin perder la visión garantista en los procedimientos. "La istración debe tratar, en la medida de lo posible, de mejorar sus tiempos", sostiene. "Sin embargo, hay una parte que ya está hecha porque en el último año se ha aprobado una normativa para facilitar precisamente los procesos de desarrollo en todas sus fases", puntualiza en relación con el Plan Simplifica.

Para entender el origen de la situación actual, la experta recuerda que la Comunitat Valenciana fue pionera en la aprobación de normas urbanísticas con la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (RAU) en 1994, que creaba la figura de agente urbanizador, "una especie de contratista especial encargado precisamente de desarrollar suelo". "Nos lo copiaron casi todas las comunidades autónomas de España y tuvo ventajas e inconvenientes, pero permitió aligerar proyectos", detalla. Sin embargo, también se produjeron procesos dispares que llevaron a que se interpusieran denuncias ante Europa, derivando en un proceso sancionador al Reino de España. Este tirón de orejas generó "una resaca garantista" que ha provocado que todos los procesos estén milimétricamente controlados y auditados.

"Al final, hay que buscar un equilibrio porque no debemos tampoco pecar de flexibles", sostiene. "Hay que agilizar la legislación en lo que se pueda, pero tampoco excesivamente porque produciremos procesos no garantistas, que pueden generar problemas como los que hemos sufrido en Valencia", señala. Por tanto, insiste en ganar rapidez en los plazos, pero sin dejar de lado algunos procesos necesarios como el trámite medioambiental. 

Pero, además, Cantos defiende la necesidad de contar con el sector privado y hacer "apoyos allá donde puntualmente las istraciones no lleguen". "Deberían tirar más de recursos de asistencias técnicas del sector privado para que las cosas salgan más rápido. Soy promunicipalista, pero, para mí, gran parte de la solución a problemas como el de vivienda o de desarrollo es por la falta de recursos y eso se resuelve con el sector privado. De hecho, yo lo recomiendo en abierto a los alcaldes: Si quieres que el proyecto salga en tiempo, tira del sector privado. Y no es porque esté desconfiando del funcionario, en absoluto, sino por la alta carga de trabajo que tienen", remarca

En este sentido, aboga por la gestión indirecta de los Planes de Actuación Integrados (PAI), es decir, por el desarrollo de un desarrollo urbanístico por parte del agente privado que concentre un mayor volumen de suelo y siempre que cumpla con las condiciones que marca el ordenamiento jurídico. "Es mejor que sea un privado el que acometa una actuación porque saldrá más rápido y los funcionarios pueden estar tutelando y encargándose de su día a día", defiende. Y ello para recortar los cinco años de tiempo de tramitación media de cualquier plan general. "Cuando hay voluntad política en agilizar se mejora. Seguramente ha influido que el foco no ha estado activamente ahí", considera Cantos. 

Por otro lado, como experta también en derecho ambiental, Cantos reflexiona sobre la importancia de la evaluación ambiental en los desarrollos urbanísticos. De hecho, considera que de haberse tenido en cuenta este parámetro, los efectos de la Dana del pasado 29 de octubre hubieran sido menores. "El planeamiento en muchas zonas del sur de Valencia no tuvo la evaluación ambiental adecuada porque se construyó en zonas inundables". En este sentido, reconoce que "un 80% de los planes generales de los más de 8.000 municipios de España no han sido evaluados medioambientalmente nunca", por esa lentitud en la tramitación. "Si todos esos municipios hubieran tenido un plan general evaluada, seguramente en esas zonas de Valencia hubiera habido menos casas y un menor impacto de la Dana. Se han permitido edificaciones donde desde el punto de vista ambiental no debían hacerse", considera.

Por tanto, a futuro aboga por tener en cuenta este aspecto, pero también porque Europa así lo obliga. "Todos los proyectos en general, sean urbanísticos o de cualquier materia que puedan producir efectos en el medio ambiente, tienen que ser evaluados. Esa es la idea general. Europa dice que la evaluación ambiental debe recoger una visión 360 grados y tiene que hacerse preferentemente desde el inicio", remarca. De no ser así, debe hacerse en la fase final, es decir, en el otorgamiento de licencias.

"Seguramente cuando se construyó en muchas de estas zonas no estaba hecha ni la planificación. Las normas evolucionan en función de la investigación. Es evidente que la Dana ha puesto el foco en atender esas evaluaciones y esos informes sectoriales que se piden, como el de inundabilidad. A partir de ahora, nadie va a cuestionar la importancia de esos requerimientos porque, por desgracia, esa elección se ha aprendido y no se va a planificar ni desarrollar donde alguna norma sectorial diga que no se puede porque hay un riesgo de salud para las personas", subraya. Por tanto, remarca que ahora es más urgente que nunca revisar y actualizar "con la máxima inmediatez" para preparar al urbanismo para lo que viene. "Es indispensable que las normas incluyan la perspectiva medioambiental", remarca.

Respecto al problema de la vivienda, Cantos defiende, como ya lo han hecho otros urbanistas, que una medida que podría ayudar a agilizar la salida de proyectos sería la inclusión del suelo residencial en los Proyectos de Interés Autonómico (PIA), herramienta que permite agilizar iniciativas empresariales con gran impacto en la región, con el fin de movilizar grandes bolsas de suelo que permitan sacar más vivienda al mercado.

Asimismo, ve como parte de la solución, la obligación a los propietarios de ejecutar los solares parados en ciudades como València. "Es anómalo, antiestético e innecesario encontrar agujeros inacabados en la ciudad. Hay que poner en valor las bolsas de suelo para acolmatar las edificaciones de los barrios", afirma para destacar que debe primar el interés general en un momento de máxima tensión en el mercado y también para "terminar de ordenar la ciudad".

De igual modo, fija como reto a futuro el cambio de uso a residencial del suelo dotacional que lleve años bloqueado, siempre que, eso sí, se verifique que el fin social para el que iba a destinarse esa pastilla está cubierto. "Lo que no se puede ante esta necesidad tan acucian de vivienda no movilizar las herramientas y recursos que tenemos", concluye.