VALÈNCIA (EP). La alcaldesa de València, María José Catalá, ha insistido este martes en reclamar al Gobierno central "la puesta en marcha de la ventanilla única de registro de apartamentos turísticos irregulares" y "sistemas para vigilar que no se publiquen en las plataformas los apartamentos turísticos irregulares".

Catalá ha asegurado que esto es algo que se está pidiendo desde "hace un año", por lo que ha considerado que aunque es una medida "positiva", el bloqueo que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto a la compañía Airbnb de casi 66.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas alojados en su plataforma "llega tarde".

"El Gobierno de España llega algo tarde, pero vemos positiva esa iniciativa", ha añadido la primera edil, que se ha pronunciado de este modo preguntada durante su visita a la planta potabilizadora de Manises por esa medida ministerial.

La responsable municipal que ha destacado que ciudades como València, están "luchando más de un año contra los apartamentos turísticos ilegales", ha precisado que "mientras no se retire la publicidad de las plataformas cuando hay un apartamento turístico irregular, la actividad irregular sigue y continúa por más inspección que los ayuntamientos establezcan y pongan en marcha".

"Llega tarde, pero por lo menos llega"

Así, ha insistido en valorar la medida del Gobierno de España respecto a Airbnb. "Llega tarde, pero por lo menos llega. Creo que llega bien", ha apostillado María José Catalá, que ha instado a trabajar par que "la ventanilla única funcione a absoluto rendimiento cuanto antes". "Espero que puedan garantizar esa prohibición o esa retirada de la publicidad en las plataformas de la actividad", ha continuado.

Asimismo, la alcaldesa ha resaltado que "hace un año València suspendió licencias de apartamentos turísticos irregulares, triplicó la inspección" de estos alojamientos y advirtió de que estos eran "un problema que iba mucho más allá de la ciudad".

Clausura de más de 1.000 pisos turísticos ilegales

Desde el equipo de gobierno de Catalá han expuesto, en un comunicado, que "en el último año y medio, como consecuencia de la labor inspectora realizada desde las áreas de Urbanismo y Policía Local, se ha producido la clausura de más de 1.000 apartamentos ilegales" en la capital valenciana.

Igualmente, han señalado que el actual ejecutivo --de PP y Vox-- "ha impulsado una moratoria en la concesión de licencias de viviendas de uso turístico en todos los distritos de la ciudad mientras se aprueba una nueva normativa reguladora --con cuatro controles/candados, han subrayado-- que será la más restrictiva de España".

"Estamos combatiendo el problema social que generan los apartamentos turísticos ilegales con acciones y determinación y elaborando una normativa que, desde la seguridad jurídica, ponga freno a la proliferación de estos apartamentos", ha añadido la alcaldesa.

Catalá ha manifestado que "frente a la parálisis de los gobiernos --municipales-- de izquierda --en València-- durante ocho años --de 2015 a 2023--", su equipo ha puesto en marcha "cinco grupos de inspectores de Obras y Licencias de Urbanismo y siete grupos de Policía Local, uno por cada distrito policial, para que rastreen por toda la ciudad la actividad de apartamentos turísticos ilegales".

El actual gobierno local ha asegurado que "la proliferación de apartamentos turísticos se inició en 2015 con la llegada al gobierno municipal de Compromís y PSOE" y ha afirmado que "desde entonces y hasta 2023 se inscribieron más de 4.500 apartamentos". Además, ha comentado que en 2018 se acordó se "cambió el planeamiento urbanístico para permitir que en los bajos comerciales se abrieran apartamentos turísticos".

La primera edil ha indicado que la clausura de apartamentos turísticos ilegales durante su etapa de gobierno responde al "trabajo intenso" de esos grupos de trabajo "que se encargan de rastrear la ciudad para detectar la actividad de apartamentos turísticos ilegales".

El ejecutivo de Catalá ha apuntado que la División Territorial de la Policía Local de València, que coordina las siete comisarías de Proximidad de la ciudad, ha realizado más de 700 actas-denuncia de inspección a pisos turísticos.

La mayoría de estas denuncias se interponen "por carecer del título habilitante para ejercer dicha actividad", según han apuntado desde el consistorio en un comunicado. "En este último año y medio, los agentes han realizado más de 700 denuncias, frente a las 84 que se pusieron en el año 2023 o las 73 del año 2022", han apostillado.

Protocolo de actuación

La División Territorial Operativa de la Policía Local, en coordinación con el Servicio de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento, ha realizado un protocolo de actuación para todas las unidades policiales.

Una vez hay una reclamación se acude al lugar y se toman los datos de los ocupantes de la vivienda, además de identificar la plataforma desde la cual se ha realizado la reserva. Si se comprueba que la vivienda no está legalizada se redacta un acta-denuncia y por medio del IBI --Impuesto de Bienes Inmuebles-- se localiza al titular propietario de la misma.