VALÈNCIA (EP). La plataforma Junts per l'Habitatge --formada por 27 organizaciones que defienden el derecho a la vivienda-- , se ha reunido de nuevo para reclamar la paralización de la venta del edificio de 134 viviendas de protección oficial (VPO) situado en la pedanía valenciana de La Torre, y el ejercicio del tanteo y retracto por parte de las istraciones.

En el encuentro han considerado que "una rápida incidencia" es "necesaria y positiva" y han decidido presentar, de nuevo, un escrito a la Presidencia de la Generalitat y a la Alcaldía de València. En este documento, la plataforma ha solicitado, en primer lugar, "una respuesta rápida" acotada en un plazo de 15 días tras la entrega de la misiva, con la finalidad de "poder informar a las familias de la situación", según ha precisado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Valencia en un comunicado.

En segundo lugar, ha exigido "que se explique el criterio que la istración tiene estipulado para decidir si es útil el ejercicio del derecho de tanteo y retracto" para aprobar la compra por las istraciones de este edificio de La Torre.

Por último, ha pedido información de las situaciones, tanto en las que se ha ejercido este derecho como en las que no, de las que sean titulares lad istraciones. También sobre los casos que estén en proceso y las viviendas en València sobre las que se tiene este derecho.

De este modo, las organizaciones presentes han asegurado que "se reafirman en la exigencia de que el derecho a la vivienda se garantice para estas familias ahora y en el futuro". "La esencia de las viviendas es que sirvan para ser el hogar de las familias, es decir, que tengan una función social, que entendemos que se cumple a la perfección en este edificio", han sentenciado.

Para Junts per l'Habitatge, ante la "necesidad de vivienda social" ha de ser "prioritaria" la asignación de estas viviendas con el objetivo de "garantizar esta función social y evitar cualquier enriquecimiento particular".

"Preocupadas" por ley de acompañamiento

Por otra parte, las organizaciones se han mostrado "preocupadas" ante las iniciativas de PP y Vox aprobadas este jueves por la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de las Corts Valencianes, para introducir en la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat del 2025, que incluyen medidas como la eliminación o modificación restrictiva del derecho al tanteo y retracto o la reducción del asesoramiento y acompañamiento "ante la gran cantidad de desahucios que se están produciendo". "No plantea la ampliación del servicio jurídico y istrativo de la Unidad de Ayuda ante el Desahucio", han denunciado.

En esta línea, la plataforma ha criticado que "por el contario, crean la Oficina Antiocupación de València" y ha censurado la existencia de un parque público de viviendas "tan exiguo", que indican que es de alrededor del 0,6 por ciento de las viviendas de la Comunitat.

Por ello, Junts per l'Habitatge ha exigido "con contundencia" un "replanteamiento" para que sean atendidas las demandas presentadas, "si es que se quiere asumir la defensa del derecho a la vivienda del artículo 47 de la Constitución española, del 16 del Estatuto de Autonomía, y del conjunto jurídico a los marcos internacionales subscritos por el estado, como la Carta Social Europea, los Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU", ha incidido la plataforma, que ha recordado que el Comité DESC ha exigido "varias veces" a las istraciones que velen por su cumplimiento.