VALÈNCIA. La empresa pública Tragsa ha sido la encargada por el Gobierno de España para adjudicar y gestionar los trabajos de reconstrucción en los municipios afectados por la Dana del pasado 29 de octubre. La entidad, que gestiona un volumen de trabajo considerable, ha sido, desde el inicio de la catástrofe, objeto de críticas por parte de distintas istraciones debido a la lentitud del proceso.

Tragsa ha adjudicado contratos a empresas privadas para ejecutar obras de reparación y, en paralelo, ha promovido convenios con los ayuntamientos afectados para abordar actuaciones de competencia municipal. También ha desplegado a su propio personal técnico para realizar tareas de limpieza y desinfección en centros educativos, instalaciones agrícolas y explotaciones ganaderas.

Sin embargo, desde los consistorios afectados defienden que la magnitud de la catástrofe exige una respuesta ágil y eficaz para acelerar al máximo las tareas y restablecer la normalidad en los más de 70 municipios de la provincia de Valencia golpeados por el temporal, pero la carga de trabajo que acarrea esta empresa lo ralentiza.

El Gobierno de España aprobó una partida de 1.475 millones de euros para los ayuntamientos afectados por la Dana, con el objetivo de financiar la reconstrucción de edificios e infraestructuras municipales. El reparto de las ayudas se realizó en función de la magnitud de los daños sufridos en cada localidad: Paiporta, considerada la zona cero del temporal, fue el municipio que recibió la mayor cuantía, con algo más de 200 millones de euros. Otros municipios como Catarroja recibieron 138 millones, o Sedaví, que obtuvo cerca de 40 millones.

Con los fondos facilitados por el Gobierno a las istraciones locales, los ayuntamientos disponen de dos vías para ejecutar las obras de reconstrucción: pueden delegar en la empresa pública Tragsa la adjudicación y gestión de los trabajos, o bien optar por realizar contrataciones de emergencia por cuenta propia, recurriendo a adjudicaciones directas a empresas. En este caso, el uso de contratos de emergencia está regulado y permitido por la Ley de Contratos del Sector Público, especialmente tras catástrofes naturales, siempre que se justifique adecuadamente.

"Una burocracia compleja y lenta"

Sin embargo, alcaldes, técnicos municipales, secretarios e interventores vienen advirtiendo de un problema recurrente: los procedimientos de licitación implican una burocracia compleja y lenta, difícil de compatibilizar con la urgencia que exige una situación como la generada tras la Dana. Por este motivo, muchos ayuntamientos están optando por la vía del contrato de emergencia, que permite acelerar los plazos, aunque no está exenta de riesgos jurídicos. Secretarios e interventores advierten de que esta fórmula podría acarrear responsabilidades legales para las istraciones locales si no se justifica adecuadamente.

En paralelo, también señalan que el procedimiento requerido para encargar los trabajos a Tragsa puede demorar aún más la ejecución de las obras, lo que lleva a priorizar otras fórmulas más ágiles. Siete meses después del temporal, numerosos espacios municipales continúan sin ser rehabilitados. Los casos más polémicos a día de hoy son los de polideportivos y piscinas municipales, infraestructuras clave con la llegada del verano, cuando aumenta la demanda de ocio y actividades al aire libre.

Sin modelo nuevo a la vista

Aunque Tragsa ya acumula una carga significativa de proyectos en diversos ámbitos, el Gobierno central no ha previsto, al menos por el momento, medidas que alivien su operativa o distribuyan parte de sus responsabilidades entre otras istraciones o entidades públicas.

Al tratarse de un medio propio del Estado, la istración encarga a Tragsa la ejecución de determinadas obras por su naturaleza de empresa pública. Sin embargo, en la práctica, no es la propia entidad la que realiza todos los trabajos. En algunos casos, subcontrata a una empresa consultora o técnica que se encarga de identificar las necesidades del ámbito local. Esta firma elabora una propuesta técnica que remite a Tragsa para su aprobación. A partir de ahí, la empresa pública adjudica finalmente la obra a una constructora.

Por parte de la Generalitat Valenciana, se critica al Gobierno y Tragsa por su lentitud, falta de inclusión municipal y falta de coordinación. Además, el ejecutivo autonómico aspira a gestionar directamente gran parte de las obras a través de Tragsa, con más recursos humanos y técnicos. "Déle el dinero a la Comunidad... establecerá todas las medidas necesarias y además lo hará en una sola instancia en la misma zona", sentenció el vicepresidente y conseller para Reconstrucción, Gan Pampols, en una entrevista que concedió a Valencia Plaza: para el gobierno autonómico, la mejor opción sería trasladar las competencias de esta empresa a la propia comunidad autónoma, conocedora del territorio.

En este sentido, el pasado mes de mayo el pleno del Consell aprobó un convenio tipo de colaboración para asistir a ayuntamientos afectados por la Dana en la realización de tareas técnicas y de gestión para la ejecución de obras de reparación y restitución de infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios municipales. Tras recibir los consistorios afectados por la Dana un total de 1.745 millones de euros del Gobierno central para reparaciones, muchos de ellos había pedido ayuda para tramitar los expedientes al no tener personal suficiente para agilizarlos.

Petición de los municipios

Por su parte, como responsables de los municipios, El presidente de la Mancomunitat de l’Horta Sud, José F. Cabanes, y la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Paqui Bartual, han firmado una carta conjunta en la que reclaman al Gobierno de España algunas medidas para hacer más viable la reconstrucción, remitida al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. 

 "Los ayuntamientos arrastran una falta de liquidez importante por los gastos que ocasionó la fase de emergencia y necesitan aliviar las finanzas", indica el también alcalde de Sedaví, José F. Cabanes.