VALÈNCIA (EP). Jueces y fiscales se han sumado este miércoles en València a la concentración convocada en toda España para mostrar su rechazo a las recientes iniciativas legislativas que prepara el Gobierno central: "No estamos nada de acuerdo y estas reformas ni son objetivas ni garantizan una justicia equitativa", ha manifestado la fiscal Ana Lanuza, delegada de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Por su parte, el magistrado Pablo Luján, portavoz en la Comunitat de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, ha manifestado que "está amenazada la división de poderes".

Los jueces y fiscales se han concentrado durante unos 10 minutos a las puertas de la Ciudad de la Justicia de València y han mostrado su rechazo al proyecto de ley para modificar el a las carreras judicial y fiscal, y al anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.

Lanuza ha explicado que están en contra de las nuevas reformas propuestas por el Ejecutivo "por vía de urgencia, sin tener en cuenta las opiniones de jueces y fiscales".

Ha comentado que no quieren llegar a una huelga porque su objetivo no es perjudicar a los ciudadanos pero ha lamentado que se cuestione la figura del ministerio fiscal: "Llevo 43 años de carrera y nunca se nos había cuestionado hasta ahora. Parece que estamos cuestionados siempre y da pena porque estamos haciendo nuestro trabajo", ha reivindicado.

En esta línea, el magistrado Pablo Luján ha manifestado que la concentración se ha producido porque ven "amenazada" la división de poderes, con lo que los jueces exigen la retirada de las dos normas en tramitación: "Afectan a los derechos de jueces y de ciudadanos", ha expuesto.

"Se ataca --ha agregado-- a la cultura del esfuerzo y busca crear un coladero para más de 1.000 jueces sustitutos sin la debida formación. Frente a la desconfianza del Gobierno a la carrera judicial defendemos más creación de plazas y que no haya clases privilegiadas", ha dicho.

Preguntado por si considera oportuno desligar a la Fiscalía del Gobierno y que tenga una organización propia como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha señalado que se puede hacer una reforma "desde el consenso y la tranquilidad pero nunca por la vía de urgencia. Tampoco se pueden calificar nuestras réplicas como meros bulos", ha exigido.

Por su parte, Gonzalo Sánchez, presidente de la sección territorial de la Asociación Profesional de la Magistratura, ha indicado que esperan no tener que llegar a la huelga y que se retire el proyecto para "debatirlo con tranquilidad y consensuar las medidas que sean", ha dicho.

A su juicio, "no se puede legislar contra uno de los poderes básicos del Estado como es el Poder Judicial. Las reformas no pueden suponer injerencias en el ejercicio de la jurisdicción", ha insistido.

El manifiesto

El proyecto de ley para modificar el a las carreras, según se expone en el manifiesto que han leído en la puerta de la Ciudad de la Justicia, se ha tramitado "injustificadamente" por vía de urgencia. "Es un proyecto que no responde a demanda social alguna. Además, ha recibido un informe técnico muy crítico por parte el Consejo General del Poder Judicial", se señala en el escrito.

Además, en el texto se advierte de que se trata de una reforma legal que va a rebajar la excelencia de conocimientos en el a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración.

Así mismo, y entre otras medidas "se pretende crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país", se expone.

Por otro lado, respecto al anteproyecto del estatuto del Ministerio Fiscal, se alerta de que "quieren aumentar las competencias del Fiscal General del Estado quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo".

Esto, agregan, "sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción".

Además, exponen que todas estas reformas "tienen lugar en un ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice el Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia, lo que facilita los abusos de poder contra esos mismos ciudadanos".

Así, con este paro también secundado en València, jueces y fiscales piden la retirada de ambos proyectos. Y para el caso que no sea así, no descartan la adopción de medidas de conflicto más intensas, como la huelga.