VALÈNCIA. Nueva condena en el marco del caso Taula. El ex secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla, ha itido que ocultó su patrimonio a las autoridades tras conocer que estaba siendo investigado en los albores de lo que más tarde se convertiría en la macrocausa. El también exgerente de Ciegsa ha alcanzado este martes un acuerdo de conformidad por el que se le condena a 11 meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por delito de insolvencia punible por alzamiento de bienes, además de una multa de 2.700 euros.
El acusado se enfrentaba a la petición de cárcel de dos años y medio por parte de la Fiscalía Anticorrupción, a la que se sumaba una multa de 10.800 euros, correspondientes a 20 euros al día durante 18 meses. Pero finalmente, ha conseguido reducir la pena en acuerdo que permite eximir a sus familiares y la empresa familiar, que estaban acusadas como responsables civiles a título lucrativo.
Esta parte de la macrocausa corresponde a la pieza I, abierta en 2020 a raíz de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que concluía que Caturla entre 2004 y 2007 usó una mercantil de propiedad familiar para ocultar patrimonio al saber que estaba siendo investigado, todo ello con el objetivo de afrontar de manera más favorable un posible procedimiento judicial, alejando la posibilidad de adoptar medidas cautelares contra sus bienes.
Según las pesquisas de los agentes, durante los años 2014 y 2015 -un período muy corto de tiempo- el ex secretario autonómico concentró parte de su patrimonio en la empresa Estilo Kiki, cuyo objeto era la elaboración de tomate frito artesano. Un traspaso de patrimonio que en perjuicio del suyo personal, pues donó todas las participaciones que ostentaba en esa sociedad a favor de sus hijos. Sin embargo la Guardia Civil sostenía que, en la práctica, "mantuvo su participación en el funcionamiento y cobró beneficios de la empresa, si bien se deshizo de la propiedad formal de la misma".
En la sentencia, a la que ha tenido este diario, explica que al iniciarse la investigación, Caturla poseía cuatro inmuebles y 18 vehículos a motor, además del 84% de las participaciones en la mencionada compañía, y fue tras conocer su investigación cuando "comenzó a realizar las operaciones tendentes a descapitalizar sus propiedades", como por ejemplo con la venta de las acciones y la adquisición de fincas de la compañía, que canceló sus hipotecas con el dinero ingresado.
Asimismo, el fallo considera probado que Caturla "se deshizo" de seis de los 18 vehículos que poseía obteniendo apenas 18.000 euros a cambio. "El acusado, que pretendía colocarse en situación patrimonial de insolvencia para no hacer frente a las posibles obligaciones pecuniarias derivadas de pleitos futuros, no logró su propósito", apunta al respecto la jueza, que recuerda que le fue embargada una de las fincas hasta el importe de 2 millones de euros.
"Disminución de patrimonio personal"
El juez de Instrucción ya señaló que Caturla tuvo conocimiento de que podría verse afectado por la investigación sobre hechos concernientes a la etapa de 2003 a 2007, cuando ocupaba el cargo público y que "con la finalidad de evitar, aminorar o dificultar el embargo y apremio de sus bienes, llevó a cabo una serie de operaciones tendentes a reducir o gravar su patrimonio personal inmobiliario", concluyó. Lo derivó, de acuerdo con el magistrado, hacia la empresa familiar, de la que hasta entonces era socio mayoritario, "reduciendo su participación en la misma, en favor de sus hijos", señaló el magistrado.
En ese sentido, el instructor acabó la investigación concluyendo que esos movimientos parecían obedecer "a una disminución del patrimonio personal mediante hipotecas o disposiciones". Una conversión en dinero cuyo destino, en su mayor parte, se integró finalmente en la sociedad familiar. Y el cual generó activos "al tiempo que Máximo Caturla se fue desprendiendo lucrativamente en favor de sus hijos de su participación social en la empresa".
Así pues, en febrero de 2023, el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia abrió juicio oral contra el exresponsable de Ciegsa y señaló como responsables civiles a título lucrativo varios familiares y la mercantil de marras. El juicio, finalmente, no se ha producido al alcanzar el acuerdo de conformidad.
Esta sentencia se suma al fallo de la pieza de los zombies de Imelsa y Ciegsa, que condenó a Caturla a cinco años de carcel por los delitos continuados de malversación en concurso con prevaricación y falsedad documental, como el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent.
