VALÈNCIA. La empresa pública Ciegsa, en proceso de extinción desde 2013, tendrá entre sus cometidos abordar tareas encargadas por la Conselleria de Educación para la reconstrucción de centros públicos afectados por la Dana del pasado mes de octubre, así como la instalación y conservación de aulas prefabricadas necesarias por los daños provocados por la riada. Una acción que se producirá previsiblemente hasta el 31 de diciembre del próximo ejercicio, "plazo máximo" para la extinción de esta compañía, que fue fijado en diciembre de 2023 tras una modificación de la Ley 1/2013 de medidas de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat.
El decreto, aprobado por el Consell a comienzos de mes y publicado en el DOGV este lunes, establece que la mercantil realizará estas funciones cuando sea considerado "necesario, inaplazable y de indudable interés público", es decir, cuando desde la Conselleria se decida contar con la empresa pública con el objetivo de agilizar las tareas de recuperación posteriores a las inundaciones. Además, podrá acometer la actualización de normativas de proyectos constructivos ya contratados. Fuentes de la Conselleria de Educación enmarcan esta decisión en el "aprovechamiento de recursos" debido a que se trata de aprovechar "personal que ya percibe un salario público" y que "no cuesta un euro más" a las arcas públicas. De esta manera, estas mismas fuentes defienden que se amplíe el objeto de las funciones de Ciegsa "ante la imperiosa necesidad de contar con técnicos que den soporte a la reconstrucción de centros".
Cabe recordar que Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat (Ciegsa) fue fundada en el año 2000 durante el Consell presidido por Eduardo Zaplana con el objetivo de gestionar las obras de centros educativos públicos en la Comunitat Valenciana y que llegó a contar con más de 100 profesionales en plantilla. No obstante, acabó siendo señalada por los sobrecostes en las construcciones, que fueron cuantificados en 1.000 millones de euros, según un informe elaborado por el Consell del Botànic. En cualquier caso, la comisión de investigación creada por Les Corts para analizar esta empresa pública se declaró incapaz de cuantificar el agujero exacto de esta mercantil.
La causa judicial por los presuntos sobrecostes en Ciegsa acabó siendo archivada en julio de 2023 por el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia al no ver delito. "En definitiva, el sobrecoste, sin duda acreditado en las obras que han constituido, en abanico y con cierto decalaje temporal y diversidad de personas intervinientes en su ejecución (otra dificultad), no puede constituir por sí solo indicio relevante, en ausencia de otros, para articular el proceso de manera que permita sumar un material indiciario sustancial para seguir esta causa por delito de malversación, por lo que debe procederse, como insta el Fiscal, al archivo de lo actuado", señaló el juez en su momento.
Por otra parte, sí hubo sentencia condenatoria en la pieza de los 'zombies' de Ciegsa e Imelsa, donde la Audiencia Provincial consideró probada la contratación de empleados que no iban a trabajar. El fallo, que está pendiente de recurso, confirmaba la arbitrariedad de las contratacione y veía una "evidente contradicción" entre las funciones que algunos de los trabajadores dicen haber desempeñado y las que les correspondían, además de confirmar que algunos de ellos no pisaron la sede física y de que sus contrataciones respondieron "a la voluntad de hacer favores personales o de índole política" por parte de cargos como el entonces secretario autonómico de Educación y gerente de la firma pública, Máximo Caturla.
Este, de hecho, fue más tarde investigado por haber ocultado patrimonio tras conocer que estaba siendo investigado en el marco del caso Taula. Caturla alcanzó este mismo lunes un acuerdo de conformidad por el que se le condena a 11 meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por delito de insolvencia punible por alzamiento de bienes, además de una multa de 2.700 euros
La plantilla pasará a ser personal a extinguir
Más allá de la trama judicial relacionada con Ciegsa, lo cierto es que la modificación del texto normativo acometida por la Conselleria de Educación también establece que el personal de la compañía pasará a formar parte de la Conselleria de Educación como personal a extinguir en el momento en el que se produzca la disolución de la empresa y solo lo hará como personal laboral fijo de la istración de la Generalitat en el caso de que supere "el correspondiente proceso selectivo conforme a la normativa aplicable". Según el Portal de Transparencia de Ciegsa, la mercantil contaba con un total de 18 puestos de trabajo a fecha de julio de 2024, lo que sumaba una retribución bruta anual conjunta superior a los 730.000 euros.
El PSPV rechaza la medida
Desde el PSPV-PSOE, el secretario de Educación, Miquel Soler, expresó este martes su disconformidad a que se "reactive" Ciegsa con motivo de la Dana, así como a que se "imponga la integración de los enchufados del PP en la istración autonómica como personal a extinguir", de forma que "les asegura un sueldo público de por vida". "Mazón vuelve al modelo opaco de Ciegsa, que fue un caldo de cultivo para la corrupción", denunció Soler en un comunicado en el que denunció que "la corrupción del PP sigue manchando la imagen de la Comunitat Valenciana" en referencia a la condena a Máximo Caturla.
