VALÈNCIA (EFE). Las principales asociaciones españolas que representan a propietarios particulares y gestores locales de viviendas vacacionales han "declarado la guerra" al Real Decreto 1312/2024 de ventanilla única, al que acusan de vulnerar hasta seis principios fundamentales del ordenamiento jurídico español y europeo, además de expulsar del mercado a nueve de cada diez pequeños propietarios particulares que actualmente ofertan alojamientos vacacionales.

Las entidades -entre las que se encuentra la Asociación de Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas de la Comunitat Valenciana (AVAEC)- rechazan además el IVA del 21%, que consideran absolutamente discriminatorio en comparación con otros alojamientos en España y solicitan que se equipare al resto del sector alojativo.

La movilización del sector ha alcanzado "proporciones inéditas", han señalado, con "miles de correos electrónicos" enviados estos días a diversos Ministerios y portavoces del Congreso solicitando la paralización inmediata de una norma que, según las asociaciones, no solo contraviene el Reglamento Europeo 2024/1028, sino que "concentrará la actividad turística aún más en manos de grandes tenedores patrimoniales, fondos de inversión y grupos hoteleros que se están apropiando del sector".

"En ningún caso estamos contra la ventanilla única, pero sí contra la forma en que el Gobierno lo ha legislado", explican los representantes sectoriales, que "ponen en pie de guerra a los propietarios particulares contra un decreto que “pretende establecer un segundo registro de las viviendas en el Registro de la Propiedad".

Los representantes del sector han identificado múltiples vulneraciones legales en el Real Decreto que entrará en vigor el próximo 1 de julio de 2025. Entre las principales irregularidades detectadas destacan la falta de competencia del Estado para establecer un procedimiento de registro único ya regulado por la Comisión Europea, y la vulneración de competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas en materia de viviendas turísticas.

Y señalan que resulta "especialmente grave la violación del artículo 4.3 d) del Reglamento europeo", que prohíbe expresamente someter una misma vivienda a más de un procedimiento de registro.

"Todas las viviendas turísticas del país deben presentar su declaración responsable ante la Comunidad Autónoma y se inscriben en un registro turístico autonómico. Pese a esta clara prohibición europea, el Real Decreto les obliga a pasar por un nuevo procedimiento de registro con la misma finalidad ante el Registro de la Propiedad", explican las asociaciones.

La norma, señalan, también vulnera el principio de reserva de Ley al imponer obligaciones a arrendadores y plataformas sin amparo en norma de rango legal, altera el régimen de funcionamiento del Registro de la Propiedad contemplado en la Ley Hipotecaria, y quebranta el principio de voluntariedad de la inscripción registral al imponerla obligatoriamente para el alquiler temporal.

A partir del 1 de julio de 2025, obtener el número de inscripción en el Registro de la Propiedad será obligatorio para comercializar viviendas vacacionales a través de plataformas digitales, lo que tendrá, a su juicio, "nefastas repercusiones para las economías familiares", según advierten las asociaciones.

Para las asociaciones los costes del proceso resultan "especialmente gravosos". Un propietario de una vivienda no inscrita que desee obtener el número para alquilar temporalmente su inmueble deberá proceder primero a la inscripción, "con un gasto económico que supone más de 3.000 euros en la mayoría de los casos" entre notaría, registro y otros gastos.

"Los grandes patrimonios y fondos de inversión dedicados a esta actividad van a tener más facilidad para cumplir con el Real Decreto”, explican las asociaciones, que denuncian un proceso que favorece la concentración empresarial frente a los pequeños propietarios", aseveran.

A su juicio, particularmente perjudicadas resultarán las viviendas situadas en zonas rurales. Como ejemplo, en el interior de la Comunidad Valenciana, en las Islas Verdes de Canarias, en Galicia y en gran parte del territorio peninsular, principalmente en las zonas rurales, gran parte de las propiedades no están inscritas, “con lo que se va a castigar a un sector de la población que es donde más falta hace que el turismo redistribuya la riqueza”.