VALÈNCIA. El gobierno municipal de València, conformado por PP y Vox, ha decidido liquidar la Fundación Valencia Activa, organismo dependiente del Ayuntamiento y centrado en llevar a cabo las políticas activas de empleo impulsadas por el consistorio. Una medida explicada en términos de eficiencia pero que llega precisamente después de que el ente haya centrado todas las miradas por un posible caso de corrupción durante la dirección del exportavoz y concejal de Vox, Juanma Badenas.

La investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción prosigue después de que enviara a la Guardia Civil a registrar las instalaciones del organismo en busca de documentación útil para las pesquisas. De hecho, ya han declarado varios trabajadores y al menos dos exgerentes del organismo, ahora encabezado por el actual portavoz de Vox, Pepe Gosalbez, hasta que se apruebe la extinción.

Así pues, según ha podido saber Valencia Plaza, tras la visita de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se ó con empleados de la fundación para ofrecerles varios días de cara a tomarles declaración. Entre ellos, por ejemplo, uno de los dos subdirectores del ente. También a dos exgerentes este mandato: tanto Isabel Rubio como Concha Ramada.

La primera fue nombrada tras el cambio de gobierno, cuando el Partido Popular gobernaba en solitario, pero con la llegada de Badenas (Vox) y la eliminación de las referencias a las políticas de empleo para mujeres, Rubio pidió su salida y fue recuperada en un departamento de la alcaldesa, María José Catalá. La segunda, nombrada en mayo de 2024, dimitió en diciembre, apenas siete meses después también por discrepancias con las formas de trabajar del edil, tal como han constatado múltiples fuentes.

Fue en ese período (entre julio y septiembre de 2024) cuando se tramitó y adjudicó el contrato con Imedes cuyo presunto amaño desató el vendaval político y a raíz del cual se destaparon varios contratos sospechosos con empresas relacionadas con el empresario José Parés y otros de patrocinio que PSPV y Compromís llevaron a la Fiscalía.

Tras estas denuncias, el pasado mes de marzo la Fiscalía Anticorrupción decidió incoar diligencias de investigación contra Badenas para "practicar cuantas actuaciones sean necesarias para determinar la eventual tipicidad de los hechos denunciados". Según Fiscalía, los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación, malversación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y falsedad documental por las supuestas irregularidades en el ente.

Y en ese marco se produjo tanto el registro de la UCO de finales de abril en dependencias municipales, que además del contrato en cuestión pidió otros contratos menores suscritos durante la etapa de Badenas, como la toma de declaraciones a trabajadores y exgerentes del ente. Se desconoce, por el momento, si también ha prestado declaración el último gerente de la entidad, Francisco Juan Espinós Gutiérrez, que ocupó el cargo desde enero de este año y manifestó su voluntad de abandonar apenas tres después y precisamente tras estallar la polémica. Por el momento, no consta que hayan sido citados directores de mandatos previos